Fue por los dichos del Presidente cuando se refirió niños, niñas y adolescentes con discapacidad de manera inapropiada. La diputada nacional hizo la presentación por discriminación exigiendo, además, que pida disculpas públicas.
La diputada nacional Claudia Najul realizó una presentación formal en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por las declaraciones del presidente Alberto Fernández la semana pasada, cuando aseguró que “los chicos con capacidades diferentes no entienden la dimensión de la pandemia”.
“Esta presentación se suma a los proyectos que enviamos con el interbloque de Juntos por el Cambio en ambas cámaras del Congreso. En cuestión de horas el presidente agredió al personal de salud y discriminó a las personas con discapacidad. No alcanzan las disculpas a medias que esbozó varios días después ni el coro de fanáticos que defienden cualquier cosa que se diga desde el poder. El INADI tiene la obligación de demostrar que es un organismo independiente y tomar cartas en el asunto”, enfatizó la legisladora mendocina.
Najul sostuvo que el gobierno nacional viene manteniendo actitudes abiertamente discriminatorias y con consecuencias a largo plazo para las personas con discapacidad en general. Entre ellas, no incluirlos como colectivo social priorizado en la campaña de vacunación; no garantizar lenguaje accesible, adaptado y con los apoyos necesarios en las campañas de cuidado y prevención de Covid-19; y mantenerlas en aislamiento obligatorio durante meses sin protocolos específicos de salida.
Mientras continúa la tensión entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en torno a al cierre de escuelas que estableció por decreto Alberto Fernández, la exministra de Salud de Mendoza realizó un breve análisis de la coyuntura actual, a pedido de los periodistas acreditados en el parlamento.
“La segunda ola es una realidad, se están acelerando los contagios e incrementando las camas de terapia ocupadas. Debemos reforzar cuidados colectivos e individuales. Pero de ninguna manera la responsabilidad ciudadana exime al Gobierno Nacional de su obligación constitucional de velar por la salud pública de la población. Detrás del conflicto por la educación presencial, se percibe claramente a un oficialismo que prefiere pelear, acusar y entorpecer en lugar de trabajar en políticas coherentes y ajustadas a la realidad de cada territorio”, finalizó Najul.
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