Sanción definitiva para el proyecto que reforma la Corte de Mendoza

Dicha iniciativa tiene como intención aggiornar la ley que rige desde 1984, y así otorgar mayor transparencia y eficiencia en la organización y gestión. Fue votado por amplia mayoría, con apoyo de Cambia Mendoza y el FdT-PJ. Solo obtuvo un voto en contra. Se espera que el Poder Ejecutivo la promulgue.

Durante la sesión realizada hoy, la Cámara de Senadores aprobó la propuesta que modifica la Ley 4969 y reorganiza el funcionamiento de las salas del máximo tribunal, para que se sortee entre los siete integrantes de la Corte, los jueces que intervendrán en cada causa.

Con 35 votos a favor y  uno en contra (senador Rafael Moyano), la iniciativa para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte recibió su aval. Este martes, en la Cámara Alta de la Legislatura, Cambia Mendoza y el FdT-PJ brindaron su consentimiento y dotaron a la iniciativa para que se convierta en ley, luego de que el Poder Ejecutivo la promulgue.

El debate

El senador Marcelo Rubio, quien preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fue el encargado de explicar la iniciativa en tratamiento. “Con esto le estamos dando mayor jerarquización a la Justicia en base a los resultados que tiene hoy el Poder Judicial, sobre todo en estas instancias”.

Asimismo, Rubio habló en cuanto al Principio de Especialidad “esto se daba en lo formal, pero no se daba en cada una de las salas, por esto planteamos la ampliación de la Corte”.

Por último explicó que a través del artículo 99 y de sus incisos, la Legislatura tiene la potestad de dictar leyes para reorganizar el Poder Judicial. “Con este proyecto, lo que intentamos, es brindarle mayor agilidad a la Corte”, sintetizó.

Posteriormente, Mercedes Rus senadora de la UCR, detalló la participación de los tres poderes del Estado en esta reforma. Destacó el debate que se desarrolló con ministros de la Corte y demás funcionarios en llevar adelante el estudio de este proyecto.

Asimismo, la legisladora repasó uno a uno lo acordado tanto por los integrantes de la Suprema Corte, como por los legisladores, quienes participaron de las distintas reuniones de Comisiones.

“Entiendo que esta propuesta resuelve problemas de funcionamiento de la Corte en el último estrato de poder que faltaba y hace a un mejor servicio de justicia, lo cual no es menor porque como decía Aída Kemelmajer de Carlucci, los jueces se enfrentan a personas con problemas y no a abstracciones”, sostuvo Rus.

Por otro lado, el legislador Germán Vicchi dijo: «Esta versión es superior a la que mandó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Debo destacar la tarea que realizó nuestro partido PRO en la necesidad de no tomar decisiones apresuradas. Esta pausa en el tratamiento permitió que los miembros de la Corte se acercaran a dialogar y lograran un proyecto con consenso, que nuestro bloque va a acompañar».

Asimismo, el legislador Pedro Serra puso en valor el trabajo llevado a cabo tanto por el PRO, como por el diputado Jorge Difonso de la Cámara de Diputados. «Lo que le faltó a este proyecto desde un primer momento, fue el consenso y respeto cuando se tratan temas importantes para la Provincia. Tuvo un apuro injustificado cuando fue presentado en el Legislatura. Este proyecto no salió como fue propuesto por el Gobernador. Debo reconocer al oficialismo que supo reflexionar a tiempo», detalló.

Luego, el jefe del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo brindó detalles en cuanto al tratamiento que se le dio al proyecto que modifica la Ley 4969, desde que ingresó a la Legislatura. Asimismo puso en valor que se le dio la posibilidad y el tiempo a la Corte, para que pruebe un sistema y vea si funciona para aplicarlo a los demás casos y que este proyecto salga con el consenso casi unánime de todos los partidos políticos.

Martín Kerchner Tomba, quien preside el bloque oficialista defendió la propuesta en tratamiento. «Estamos acá para mejorar la calidad de vida de la gente con las decisiones que tomamos. La Corte necesitaba cambios. Los jueces están para juzgar”.

También explicó que este proyecto contempla mejorar el funcionamiento de la Corte para que sea más eficiente. “El caso de Micaela Tati, es un caso donde dos miembros de una sala II decidieron bajar una pena a una persona que de un tiro mató a una niña y tuvo una sentencia en la cámara penal de 26 años. Fíjense que importante es tener especialistas pero también la visión del pleno general», detalló.

Funcionamiento de los plenosPara este caso, el texto acordado entre los integrantes de la Corte dispone que tendrán funciones jurisdiccionales para dirimir los conflictos de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en los conflictos internos entre las diversas ramas de éstos; conocer y resolver en las acciones de inconstitucionalidad previstas por el inc. 3 del artículo 144 de la Constitución y reguladas en el artículo 227 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario; conocer y resolver en las causas derivadas de veredicto en juicio por jurados, así como en las acciones procesales administrativas referidas a los reclamos contra reglamentos previstos en el artículo 187 de la Ley de Procedimiento Administrativo.Asimismo, en las que estén en juego derechos de incidencia colectiva, que le sean sometidas por vía de recurso extraordinario o en virtud de su competencia originaria; decidir las demandas para hacer efectivas la responsabilidad patrimonial de los y las magistradas judiciales, previstos en el artículo 228 inciso II del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario; y conocer y decidir sobre el recurso extraordinario a que alude el artículo 229 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.De igual forma, en toda causa en la que se considerase conveniente evitar jurisprudencia contradictoria, con la finalidad de asegurar la igualdad prevista por el artículo 7º de la Constitución o si la importancia o trascendencia de la materia a resolver así lo aconseje, se podrá convocar a que se decida la causa en pleno. Contra la decisión plenaria no procederá recurso alguno.Esta facultad podrá ejercerse hasta el llamamiento al acuerdo para dictar sentencia en los recursos extraordinarios provinciales, antes de la etapa de alegatos en los procesos de conocimiento originario, o antes de la audiencia de informe oral o la audiencia de deliberación en los recursos extraordinarios en materia penal.La convocatoria a Tribunal en pleno para una causa deberá ser realizada por dos miembros de la sala sorteada o por tres Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia, a pedido de parte o de oficio. El procedimiento será dirigido por la Presidencia del Tribunal, podrá realizarse audiencia y deliberación pública y sólo se admitirá la excusación o recusación con causa y procederán contra la sentencia todos los recursos que prevé la ley procesal.En otro orden, será competencia de la Suprema Corte de Justicia en pleno, en ejercicio de la Superintendencia sobre la Administración de Justicia, elegir a quien ejercerá la Presidencia y las Vicepresidencias Primera y Segunda que integrarán la Sala Administrativa; dictar su Reglamento Interno y el Reglamento General del Poder Judicial; designar a los Ministros titular y suplente que integrarán el Consejo de la Magistratura en representación de la Suprema Corte de Justicia; designar al Administrador General, Secretarios y Prosecretarios Judiciales y reglamentar el procedimiento para la designación de las y los representantes de los Magistrados en el Consejo de la Magistratura.De igual forma será competencia designar Conjueces; conformar los Cuerpos de Conjueces especiales, a los Ministros Coordinadores; fijar los horarios y modalidades de trabajo de los Tribunales, Juzgados y oficinas de la Administración de Justicia; proponer a la Legislatura provincial proyectos de ley relativos a reformas de la organización del Poder Judicial o sus procedimientos, y definir y aprobar el presupuesto general de gastos y recursos del Poder Judicial.A la vez, proponer y elevar al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos del Poder Judicial remitir anualmente a la Legislatura Provincial y al Poder Ejecutivo la memoria del Poder Judicial y de la Administración de Justicia; ejercer jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles de detenidos; conocer sobre los casos de reducción, conmutación e indultos de pena; y designar a los representantes de la Suprema Corte de Justicia como miembros de las Comisiones Asesoras del Consejo de la Magistratura.La decisión en pleno deberá tomarse por voto de la mayoría simple de sus integrantes.

Sala AdministrativaEstará integrada por la Presidencia y las Vicepresidencias Primera y Segunda y tendrá como facultades y deberes, el conocer en los planteos de queja por denegación o retardo de justicia; designar a los funcionarios y empleados; organizar los Tribunales Inferiores y Juzgados, distribuyendo territorialmente las competencias materiales específicas a tribunales de competencias afines, en razón de las necesidades de los habitantes, las distancias y dentro de las respectivas previsiones de las leyes de creación de los tribunales o juzgados, y disponer la constitución de sedes alternativas de los Tribunales, dentro del ámbito de su competencia territorial, en los casos y condiciones autorizados por ley.Prevé también el ejercicio del control general y permanente sobre la administración de justicia y sus sistemas de administración financiera, de bienes y servicios, de recursos humanos y función e inversión pública y de administración informática; ejercer la conducción superior de la ejecución del presupuesto de recursos y gastos; y cumplir la rendición de cuentas periódica de la gestión presupuestaria, conforme a la ley.En la misma línea, convocar y fiscalizar el proceso de elección de magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura; recibir informes trimestrales del Administrador General y demás funcionarios sobre la marcha de la administración de justicia, su eficacia, eficiencia y celeridad, como de las unidades de gestión judicial u oficinas judiciales, explicitando los objetivos perseguidos, las concreciones efectuadas y proyectos existentes; sin perjuicio del deber de responder diligentemente toda información cuando le sea requerida.Establece asimismo como facultades, actualizar los montos de la competencia por cuantía de los Tribunales así como los montos de los depósitos judiciales que exijan las leyes procesales; asignar los Tribunales, Juzgados y oficinas competentes durante la feria y recesos judiciales así como los asuetos judiciales y la suspensión general de términos; ejercer la superintendencia del notariado; resolver sobre los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia; ejercer la revisión en última instancia administrativa de los actos definitivos de entes de derecho público no estatal, en los casos en que la Constitución o las leyes los establezcan respecto al control de la matrícula, y actualizar las profesiones matriculables o registrables como auxiliares externos de los procesos, fijando las normas regulatorias, entre otras.

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